Parece que la Justicia está dispuesta a fijar sanciones y embargos contra el patrimonio de los alcaldes de aquellos municipios que tengan más deudas.

La noticia proviene de Andalucía, donde un juez ha advertido al alcalde de Castilleja de Guzmán (Sevilla) que si no paga en 30 días las obras  (como obliga la nueva Ley de Morosidad que acaba de aprobar el Congreso de los Diputados) tanto dicho alcalde como el secretario general del consistorio tendrán que responder con sus propios bienes personales.

¿Cundirá el ejemplo en el resto de municipios y juzgados de España?

En general tanto pequeñas y medianas empresas como autónomos ven con buenos ojos esta medida. El responsable de la Federación ATA, Lorenzo Amor, considera que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) andaluz es una buena noticia. “Es una sentencia que sienta jurisprudencia”, afirma. Lo que tienen claro desde esta representativa asociación de Autónomos españoles es que tanto los empresarios como los alcaldes deben variar la estrategia de contratación y cobro para evitar que las pequeñas empresas sigan cobrando tarde y mal.

Realmente este tipo de medidas son dramáticas, pero hay autónomos a los que no les quedará más que esta vía para sortear los impagos municipales.

¿Es lógico que los alcaldes tengan que responder con sus bienes personales cuando hay detrás una mala gestión?

Es paradójico que empresas que sufren la morosidad de las administraciones sigan teniendo que pagar impuestos gestionados por esas mismas administraciones.

¿Qué piensan los alcaldes de esta situación? Pues de momento no ha habido declaraciones por parte de Pedro Castro, presidente de la Federación de Municipios y Provincias.

Las cosas van cambiando, pero no tan rápido como nos gustaría. Con el nuevo Real Decreto que ha aprobado el Gobierno en mayo y que comenzará a aplicarse en su totalidad a partir de enero de 2011, ningún ayuntamiento podrá endeudarse más sin incluir los compromisos de pago de deudas anteriores.