Ayer ha entrado en vigor una nueva Ley de Morosidad. De todo lo que se ha actualizado, lo que más te interesa como autónomo es que se fijan unos plazos máximos de 60 días para que la empresa pague a sus proveedores, y de 30 días en el caso de las administraciones públicas.

Con este cambio en la ley se pretende evitar que los pagos se dilaten indefinidamente en el tiempo como podía ocurrir hasta ahora, pues era posible hacerlo si las dos partes así lo pactaban. En la práctica llega a ocurrir que por no entrar en malos rollos ni exigencias legales, el proveedor no tenía más remedio que “aceptar el pacto” de que le pagaran más tarde.

Los impagos están siendo una de las principales causas de cierre para microempresas y autónomos, con un dramático incremento de casos en estos últimos años.

Diferentes entidades representantes del colectivo de autónomos y pymes llevan solicitando el cambio en esta ley de morosidad desde el 2008.

Gracias a la nueva Ley de Morosidad, buena parte de los autónomos y microempresas que llevan esperando cobrar lo que les deben administraciones y grandes empresas lograrán liquidar las facturas pendientes. Con ello probablemente la dependencia del crédito se reduzca, mejorando la liquidez.

Va a haber un plazo de adaptación a esta ley, para ambos casos (empresas y administración) de dos años (hasta el 2013). De manera que la reducción de plazos será escalonada:

- 2010-2011: 85 días como máximo.

- 2012: 75 días como máximo.

- 2013 en adelante: los 60 días como máximo que marca la ley.

Para que esta ley sea operativa, también se va a modificar la Ley de Contratos del Sector Público.

No obstante, también sería interesante que a la limitación de plazo de pago para las administraciones públicas también se planteara una reforma del sistema financiero y de la mejora de la financiación local. Porque… si no hay dinero, no hay dinero, ya pongan los plazos que se pongan.